Por la libertad de decidir

El pasado mes de septiembre participé en el Seminario Internacional “Autodeterminación de los Pueblos. Nuevos Modelos de Estado”, organizado en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas por la Red Mundial por los Derechos Colectivos de los Pueblos. Allí tomé parte en los debates sobre el derecho de los pueblos a decidir y su pertinencia en el contexto de crisis económica, política y social que vive España. El análisis de participantes de todos los continentes y la plena coherencia de sus experiencias con las ideas y principios, asumidos por Chunta Aragonesista en 1996 con respecto al derecho que el pueblo aragonés tiene para decidir su futuro, supuso revalidar -cosa que hice públicamente- la reivindicación de tal derecho.

La crisis supone un nuevo fracaso del Estado español como marco de convergencia de las aspiraciones de ciudadanía plural y heterogénea. Integrados en él se encuentran los pueblos que, como el aragonés, por ser preexistentes a la constitución del Estado son titulares de derechos colectivos de carácter soberano; en este punto es preciso aludir a la anexión del Estado aragonés por la fuerza al nuevo poder unitario y despótico de los borbones en 1707. Las discusiones sobre las condiciones jurídicas para el reconocimiento o no de estos derechos a los aragoneses de hoy pueden ser intelectualmente muy interesantes, pero totalmente secundarias frente al desafío que lleva a CHA a poner sobre la mesa este debate: recuperar el poder de la gente para decidir sobre su propio destino, frente a unas fuerzas que han causado una crisis y que la están gestionando, para acabar con las conquistas sociales y democráticas de los últimos 50 años.

La crisis ha revelado la actualidad del diagnóstico que hacía Costa hace más de un siglo sobre los males de España: un país gobernado por oligarquías y poderes económicos caciquiles, a través de políticos títeres que se turnan en el gobierno para que, en cada elección, gane quien gane, siempre ganen los mismos. ¿Les suena? En su proceder actual están desguazando con hechos consumados el Estado social, democrático, de derecho y de las autonomías de la Constitución de 1978 sin ni siquiera abrir su proceso de reforma. Así las cosas: ¿qué queda de los limitados, aunque suficientes consensos, sobre los que se basó la cohesión de la plural sociedad española de la etapa democrática? Cada día menos y, dentro de poco, nada. Si unimos a ello la permanente marginación de la comunidad autónoma por parte del Estado, concluimos que el pueblo aragonés está liberado de cualquier compromiso que limite su derecho a replantearse su futuro.

Es la libertad de decidir que Aragón se gobierne por sus habitantes de la forma más directa y democrática posible; de que se le pregunte siempre sobre los asuntos que le afectan; de que se dialogue con la gente sobre las decisiones en vez de imponérselas; y de que tenga control efectivo sobre su gobierno y sus políticos. Es el empoderamiento que reclama la sociedad en la calle y el Estado niega. Es también la recuperación del acervo humanista y humano de nuestra cultura frente a los recortes que, con su demoledor impacto sobre los más vulnerables, matan la dignidad de miles de personas. Para que haya un Estado social es necesaria la misma premisa: poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, lo que sólo se consigue con una sociedad culta, educada y concienciada activamente del derecho y el deber de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras, de implicarnos en la gestión de lo público en todos los niveles.

Todo esto es imposible en este gran Estado gobernado por intereses lejanos, anónimos y todopoderosos, radicados principalmente en su capital, desde donde dominan los medios de comunicación y una cultura de masas hecha a su medida. El empoderamiento de la ciudadanía, para ser verdaderamente efectivo, necesariamente requiere de ámbitos de actuación más pequeños y cercanos, a escala más humana. De ahí el potencial del derecho de autodeterminación de los pueblos históricos frente a los inalcanzables mecanismos interpuestos de los grandes Estados, que en su día los fagocitaron y que, en el caso de España, han vuelto a mostrarse nocivos para las personas de a pie.

Este derecho es un proceso de diálogo entre nosotros para decidir qué futuro queremos, sea el que sea. Somos  una nación viva, con un carácter y realidad distintos a todos nuestros vecinos, por lo que nuestra vía habrá de ser sólo nuestra, sin imposiciones externas ni emulaciones frívolas. Y CHA quiere plantear este diálogo al pueblo aragonés. Hablemos primero y dejemos que, por una vez, este pueblo decida por sí mismo.

 

Miguel Martínez Tomey

Responsable d’Afers Europeyos de Chunta Aragonesista

(publicado en El Periódico de Aragón el 11 de noviembre de 2012)