¿Se mueven por fin las ruedas de la ley de lenguas de Aragón?

El PSOE anuncia su intención de presentar la iniciativa como proposición de ley (esto es, como propuesta de su grupo político en las Cortes) en vez de como proyecto de ley (presentado como Gobierno, junto al PAR). En esta ocasión ya no valen más disfraces esta ley sólo es posible con el concurso de CHA, la única valedora de las lenguas propias minoritarias de Aragón.

Podía haberlo hecho hace muchos años, incluso por consenso si hubiese aprovechado el que había en 1997, cuando se aprobó el Dictámen de la Comisión Especial sobre la Política Lingüística en Aragón, que trazaba el camino a seguir para elaborar la Ley de Lenguas y las políticas para aplicarla. Recordemos también que la Ley de Patrimonio, que se aprobó en 1999, señala, en la disposición final segunda, la obligación de legislar la cooficialidad de las lenguas de Aragón. Casi diez años después, los sucesivos Gobiernos de Aragón no han sido capaces de hacerlo.

Es una falacia que el Gobierno de Aragón se haya empeñado durante tanto tiempo en justificar su inacción ante el Consejo de Europa alegando ausencia de unanimidad. Los desacuerdos oportunistas del PAR no debieran prevalecer sobre la necesidad de atender a un derecho fundamental del ser humano como es el de poder usar en su país su propia lengua autóctona. En fin, diez años perdidos inútilmente en perjuicio de la cultura y del patrimonio de todos los aragoneses, y más directamente de los derechos individiales de varias decenas de miles de personas.

El anuncio llega después del tercer informe sobre la aplicación de la Carta Europea de las lenguas regionales y minoritarias, que vuelve a sacar los colores al Gobierno de Aragón. En él se constata que la parálisis y la  inacción dominan sobre las escasas y tímidas novedades de nuestro panorama lingüístico. Después de esta advertencia desde Europa, el Gobierno de Aragón no puede seguir mirando hacia otro lado. Es vergonzoso que Europa se esté preocupando más por la realidad lingüística de Aragón que el propio Gobierno.

El informe del Consejo de Europa, en el que se insta al Gobierno de Aragón a adoptar un marco jurídico en Aragón que garantice el pluralismo lingüístico de la Comunidad Autónoma, es un ejemplo claro y evidente de la nefasta gestión del gobierno de Marcelino en la defensa del patrimonio lingüístico de Aragón.

Necesariamente, el Gobierno de Aragón, con Marcelino Iglesias a la cabeza, debería sentirse avergonzado porque tenga que ser Europa quien se preocupe más por la protección de las lenguas de Aragón que su propio Gobierno. ¿Ha servido este tirón de orejas para espolear al agonizante gobierno del Pignatelli o se trata realmente de otro brindis al sol para seguir confundiendo a la galería?