La tenaza provinciana

Se lamentaba en esta tribuna José Lostao de los perversos efectos que “para la necesaria resurrección histórica de Aragón” tienen los llamados “nacionalismos periféricos”. Su premisa era que estos “aberrantes” y “artificiosos” nacionalismos son incompatibles con la existencia de la nación española y que, en su deriva separatista se afanan en “chantajear al Gobierno” para “acaparar privilegios y parasitar los intereses de los demás”, lastrando con ello el desarrollo de Aragón.

La existencia de nacionalidades y el reconocimiento de su autogobierno no tiene por qué ser incompatible con la existencia de la nación española. Así lo demuestran los casos del Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Austria, Alemania, Suiza o Finlandia, que cuentan con una estructura territorial que refleja su diversidad identitaria. En España, así lo recoge en su artículo 2 la Constitución, últimamente tan alabada por los sectores políticamente conservadores de nuestra sociedad.  El Sr. Lostao deplora las ventajas que obtienen catalanes y vascos de su ímpetu nacionalista, pero parece olvidar que el fundamento de tales ventajas está dibujado en la Constitución española y que, junto a ellos, de esta “geometría variable” de nuestro Estado de las autonomías también se han beneficiado desde el principio Galicia y la nada ultranacionalista Andalucía. Para las demás comunidades todo intento de equiparación con estas cuatro ha sido convenientemente atenuado o frustrado, según los casos, merced a los pactos autonómicos de PSOE y PP, aplaudidos por PNV y CiU (¿se acuerdan del horror del Sr. Pujol al “café para todos”?) y aplicados en Aragón con el concurso del PAR.

Pero en este modelo de desigualdad territorial constitucional hay más. Históricamente, Navarra ha disfrutado de un estatuto privilegiado (no cuestionado ni por Franco) con su hacienda propia y su administración foral que la convierten en la campeona del autogobierno. Las consecuencias de este hecho se ven claramente en su prosperidad, nivel de renta, calidad de vida, equilibrio territorial, cobertura social, infraestructuras… Y no es precisamente el suyo un gobierno dominado por el separatismo.

Con el tiempo la escala de la desigualdad se ha diversificado. Territorios tan poco problemáticos para la unidad de España como Canarias y Valencia obtuvieron, sin cambiar una coma de esta Constitución de dobles velocidades, fabulosas ventajas en su tratamiento financiero y en su nivel competencial por diferentes vías. Y ello fuera de toda sospecha de chantajismo, usando recursos jurídicos y políticos que, aunque también existían en Aragón, nuestros partidos gobernantes se negaron a materializar en nuestro beneficio. ¿O no figuran en nuestro Estatuto cosas como la posibilidad y el mandato de negociar un acuerdo de financiación con la Administración central que corrija las injusticias que para Aragón supone el actual marco de financiación autonómica?

Mientras otros trabajaban por mejorar su posición ¿qué hicimos nosotros?. Inmolarnos con un “¡Presidente, úsanos!”, bien percibido en Madrid: el Sr. Aznar nos usó, sirviéndose a su gusto toda el agua del Ebro que, sin presiones nacionalistas, reclamaban para sí sus españolísimos amigos territoriales de Murcia y Valencia. Y aunque, de nuevo, nos salvamos por los pelos, sigue aún latente la amenaza del trasvase.

El momento actual de reforma estatutaria es otra oportunidad para reequilibrar nuestra desfavorable posición de facto y de iure en el contexto español, pero vuelve a evidenciarse la pujanza del provincianismo político aragonés. Esta mentalidad, lejos de aceptar el estado de cosas y las reglas del juego de nuestro Estado de las autonomías, lejos de creerse que el bien de España se construye desde el propio esfuerzo por prosperar de cada una de sus partes, se aferra a una estéril, ciega y no correspondida supuesta lealtad a Madrid/España en vez de defender los intereses de los aragoneses aunque sea “molestando” (y no sólo en el tema de agua). Nuestra provinciana clase política, con la sola excepción de Chunta Aragonesista, no sabe o no quiere despeinarse ante los demás por el interés de Aragón. Por eso PSOE, PP, PAR e IU envían a Madrid un Estatuto alicorto que renuncia a una docena de competencias que ya ejercen sin problemas otras autonomías, al reconocimiento de nuestra identidad secular como nación, a la posibilidad de vetar los trasvases y a un modelo de financiación a la medida de nuestros problemas. Cosas que Cataluña, Baleares, Valencia, Andalucía, Castilla-La Mancha o Galicia ya han obtenido u obtendrán en sus respectivas reformas estatutarias.

Este provincianismo miope e inútil frente a las reglas del juego que política y constitucionalmente rigen en España son las únicas que han lastrado el desarrollo económico de Aragón. No hace falta buscar la causa de nuestros males en la perfidia de los nacionalismos vecinos, sino en el efecto de nuestra propia tenaza provinciana. El cáncer está dentro.

[Publicado el martes 30 de enero de 2007 en Heraldo]